El TEPJF al descubierto

Octavio Rodríguez Araujo
Lo obvio no requeriría demostración o, si se prefiere, la demostración pertinente es muy sencilla: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es, por donde se vea, una entidad subordinada al Partido Acción Nacional en el poder y, dialécticamente, existe como es gracias a que le dio el poder a dicho partido en una típica chicana (artimaña, procedimiento de mala fe) que nada tiene que ver con la supuesta modernidad democrática y el estado de derecho que debiera vivir el país. El poder panista y el TEPJF se sirven mutuamente, cuando que se supone que son dos esferas distintas del Estado: una el Poder Ejecutivo y la otra el Poder Judicial, éste como contrapeso del primero.


Lo que acaba de resolver el mencionado tribunal en relación con la elección de delegados de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa en el Distrito Federal es simplemente el ejemplo más reciente de lo que ya se sabía desde septiembre de 2006, cuando falló a favor de Calderón, a pesar de haber reconocido que hubo mano negra y muchas anomalías en el proceso electoral de aquel año.

El TEPJF, como nos recuerda Granados Chapa en su columna del 28 de septiembre, está compuesto por una sala superior y cinco regionales. En la que corresponde al Distrito Federal, junto con otros cuatro estados, el Senado de la República puso a un personaje salido de las huestes de la ultraderecha de Jalisco, un jovencito sin méritos propios de nombre Roberto Martínez Espinosa. Los senadores del PAN (51), más otros 10 paleros de otros partidos, aprobaron a Martínez para la sala regional, pese a que era el menos calificado de la terna enviada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Granados, ídem). Vale decir que ésta forzó la lógica para incluirlo en la terna, por lo que desde ahí tenía que haberse visto que su designación estaba sesgada para favorecer al PAN. Y los panistas criticaban este tipo de enjuagues que eran comunes en la larga vida del priato. Ya se les olvidó… convenientemente.

A esa sala regional del TEPJF fueron enviados los casos de la elección de delegados de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, después de que el fallo del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) había favorecido a los candidatos del PRD para esos cargos. Los perdidosos, sobre todo Sodi, llegaron a declarar que ganarían una vez que el caso fuera ventilado en el TEPJF, y no se equivocaban: sabían a qué intereses responde éste.

Podría decirse que así como el TEPJF responde al gobierno de la República el TEDF responde al gobierno de la capital del país. Puede ser, no meto las manos al fuego por ninguno de los dos. Sin embargo, tanto el Instituto Electoral del Distrito Federal como el tribunal respectivo demostraron que los candidatos de Acción Nacional a esas delegaciones habían rebasado los gastos de campaña, e informaron el monto de esos excesos. Estas comprobaciones no sirvieron de nada.

Pero con los ejemplos citados no termina el papel subordinado, antidemocrático y mafioso del TEPJF. En la elección interna de la dirección del Partido de la Revolución Democrática (marzo de 2008) hubo dos corrientes principales en pugna: la lopezobradorista, encabezada por Alejandro Encinas, y la de Nueva Izquierda, conducida por Jesús Ortega. Hubo, como estaba previsto, anomalías y Nueva Izquierda (los chuchos) apeló al TEPJF, a pesar de que antes había sido duramente criticado por impedir que López Obrador asumiera la Presidencia de México. Fue, en mi opinión, un cálculo bien meditado: si el PAN y su gobierno estaban y están en contra de López Obrador, el tribunal les daría la razón a los chuchos. Y así fue. Otra mancha más para el tigre.

Un caso más fue el de Iztapalapa. Los de Nueva Izquierda, que habían dominado en esa delegación por varios años, perdieron en favor de Clara Brugada, apoyada por AMLO. La candidata de los chuchos (Silvia Oliva) recurrió al mismo tribunal que los había favorecido en la elección interna de su partido en 2008 y que había fallado en contra de López Obrador, y se armó un lío, pues las boletas ya estaban impresas. El TEPJF favoreció a Oliva y AMLO improvisó un giro al asunto comprometiendo a Rafael Acosta, candidato del PT, a que renunciaría después de tomar posesión como delegado. Mientras tanto, los lopezobradoristas explicarían a la gente, de puerta en puerta, que al votar por el PT estarían votando por Brugada. Como el desenlace no dependía ya del tribunal electoral federal, entonces fueron los otros aliados del PAN en el poder (los medios de comunicación de derecha) los que se encargaron de cultivar a Acosta (Juanito) para que se aferrara al puesto. La historia es bien conocida y por ahora tiene una solución de corto plazo, cuyo desenlace intuimos, aunque no lo sabemos con precisión.

El hecho que ha quedado al descubierto es clarísimo: el TEPJF está coludido con el PAN en el poder para evitar que AMLO y quienes lo apoyan acrecienten su influencia mediante cargos públicos por elección.

Así dicho parece que estoy personalizando, pero no. Lo que representa AMLO es un régimen político distinto al que ahora encabeza el PAN (con Fox y Calderón) y antes la tecnocracia priísta y neoliberal conducida (aunque también parezca personalización) por Carlos Salinas de Gortari, quien ya está moviendo sus piezas para 2012. Lo que ha estado en juego en 2006 y de rebote en las delegaciones defeñas en conflicto es la pugna entre dos regímenes políticos distintos.

Ya se sabe que los del poder siempre se unen, pragmáticamente, ante cualquier peligro que los amenace. Aun así, es conveniente entender que el máximo tribunal electoral, que también decidirá muchos conflictos en los próximos años, está su-bordinado a quienes tienen ese poder, forma parte de éste y sus magistrados están muy contentos de sus sueldos y de la impunidad que tienen al tomar decisiones (son inatacables). No cambiarán en los comicios por venir y devaluarán todavía más la vía electoral para arreglar los grandes problemas de México.

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¿Por qué no cae Micheletti?

Adolfo Sánchez Rebolledo / La Jornada
La crisis de Honduras ha probado, entre otras muchas cosas, la histórica debilidad del llamado "sistema interamericano" para hacer que los acuerdos se cumplan, cuando se trata de que un gobierno de la región modifique sus conductas. La apelación al diálogo, el empleo de los recursos propios de la política y la democracia, siendo los métodos justos y necesarios, no siempre logran modificar la conducta censurable de un gobierno cuando éste se atrinchera en sus posiciones. Tampoco las medidas extremas, como el embargo o el empleo de la fuerza militar, asegurarían resultados satisfactorios, si en el país no existiera una fuerza interna capaz de liderear la resistencia sin romper con las reglas del juego, es decir, dispuesta a negociar sin exclusiones para restituir el estado de derecho.

La paradoja de la situación hondureña es que el reconocimiento universal de la legitimidad presidencial de Manuel Zelaya va acompañado, a la vez, de una suerte de desconfianza en sus propósitos e intenciones que se filtra reforzando las posiciones renuentes de los golpistas. Sin embargo, a pesar de los temores del presidente costarricense y mediador, a quien le preocupa el posible aislamiento del gobierno de facto, no hay posibilidad de que la Honduras de Micheletti se convierta en una autárquica "Albania centroamericana" pues, por más oligárquico que sea el régimen, se halla unido al mundo por infinidad de vasos capilares que alimentan islotes de intereses vinculados entre sí y comulgan con las mismas ideas, aunque no sean tan torpes como los golpistas hondureños. Al fin y al cabo, el pequeño poder local necesita y se retroalimenta de la gran dominación imperial a la que suelen servir sin embozo sus grandes jefes políticos: los patrióticos de los militares, las camarillas empresariales y sus hombre de pro. Pero en este punto también hay cambios. Aunque no les guste a muchos, "moderados" y "populistas" van en el mismo barco, y eso, por ahora, cuenta.

En el pasado muy reciente –hasta la presidencia de Obama– la capacidad disuasiva de la OEA se sustentaba, además, en el supuesto de que, más allá de las declaraciones, el orden en Latinoamérica está condicionado a los vínculos nacionales de cada país con Estados Unidos, a quien correspondería la aplicación en útima instancia de las sanciones "colectivas" de mayor calado, pues nadie como ese país puede erigirse supervisor, vigilante y, a la postre, garante de la unidad del "sistema" democrático. En otras palabras: las medidas importantes se tomaban en el Departamento de Estado y nada más. En la crisis actual, el gobierno estadunidense decide jugar un papel distinto, condenando el golpe, exigiendo la restitución de Zelaya e, incluso, cancelando apoyos y visas para los miembros del entorno golpista, tratando de marcar las diferencias con el gobierno de Bush o sus antecesores. Y esto, a querer o no, también en un signo de los tiempos que ningún maniqueísmo alcanza a borrar. Pero el gobierno de Estados Unidos, que tiene sus propias presiones y antagonismos internos, y eso conviene no olvidarlo, también perfila un punto de vista propio acerca de la crisis y sus soluciones y con ese cristal observa los movimientos de los demás protagonistas.

Las críticas al retorno de Zelaya, realizadas por el representante estadunidense en la OEA, son significativas, sobre todo porque se dan en el contexto de una reunión donde Estados Unidos (junto con Canadá, Bahamas, Costa Rica y Perú) se abstiene de suscribir el proyecto de declaración en un punto especialmente importante: la posible legitimidad del gobierno que surja de las próximas elecciones, si se producen sin que el depuesto presidente Manuel Zelaya sea restituido. Cabe señalar que así como hubo un intento de blanquear la acción de los militares bajo el manto de las resoluciones judiciales, calificándolo de golpe atípico, constitucional, así se pretende establecer que no se viola principio alguno si de las elecciones convocadas por Micheletti para noviembre surgiera un gobierno democrático, reconocible por la comunidad internacional. Ésta es, en definitiva, la operación que estaba en curso cuando el retorno de Zelaya derrumbó el castillo de naipes que ya se había comenzado a construir.

En la reunión mencionada, Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Costa Rica y Perú se abstuvieron de determinar cuál será su posición sobre ese resultado electoral (según Infolatam, 28/9/09) mientras la mayoría de los demás miembros adelantaban su oposición a los resultados de un proceso electoral que se llevaría a cabo bajo el estado de sitio y las amenazas de Micheletti a Brasil y otros países, incluido México.

No sabemos por cuánto tiempo más se sostendrá el frente interno de la oligarquía hondureña en defensa de Micheletti, pero es seguro que tratarán de maniobrar hasta donde les sea posible para impedir que Zelaya vuelva a la presidencia. En todo caso, como ayer lo decía en estas páginas, el industrial Adolfo Facussé, la "salida" sería que Micheletti se fuera a casa y Zelaya a juicio, esto es, una salomónica solución oligárquica que no afectaría el status quo ni las relaciones de fuerza creadas por el golpe. Pero todo lo que sea no regresar a Zelaya a la presidencia será el mayor fracaso de la OEA, la democracia y el multilateralismo.

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