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El TEPJF al descubierto


Octavio Rodríguez Araujo

Lo obvio no requeriría demostración o, si se prefiere, la demostración pertinente es muy sencilla: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es, por donde se vea, una entidad subordinada al Partido Acción Nacional en el poder y, dialécticamente, existe como es gracias a que le dio el poder a dicho partido en una típica chicana (artimaña, procedimiento de mala fe) que nada tiene que ver con la supuesta modernidad democrática y el estado de derecho que debiera vivir el país. El poder panista y el TEPJF se sirven mutuamente, cuando que se supone que son dos esferas distintas del Estado: una el Poder Ejecutivo y la otra el Poder Judicial, éste como contrapeso del primero.


Lo que acaba de resolver el mencionado tribunal en relación con la elección de delegados de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa en el Distrito Federal es simplemente el ejemplo más reciente de lo que ya se sabía desde septiembre de 2006, cuando falló a favor de Calderón, a pesar de haber reconocido que hubo mano negra y muchas anomalías en el proceso electoral de aquel año.

El TEPJF, como nos recuerda Granados Chapa en su columna del 28 de septiembre, está compuesto por una sala superior y cinco regionales. En la que corresponde al Distrito Federal, junto con otros cuatro estados, el Senado de la República puso a un personaje salido de las huestes de la ultraderecha de Jalisco, un jovencito sin méritos propios de nombre Roberto Martínez Espinosa. Los senadores del PAN (51), más otros 10 paleros de otros partidos, aprobaron a Martínez para la sala regional, pese a que era el menos calificado de la terna enviada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Granados, ídem). Vale decir que ésta forzó la lógica para incluirlo en la terna, por lo que desde ahí tenía que haberse visto que su designación estaba sesgada para favorecer al PAN. Y los panistas criticaban este tipo de enjuagues que eran comunes en la larga vida del priato. Ya se les olvidó… convenientemente.

A esa sala regional del TEPJF fueron enviados los casos de la elección de delegados de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, después de que el fallo del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) había favorecido a los candidatos del PRD para esos cargos. Los perdidosos, sobre todo Sodi, llegaron a declarar que ganarían una vez que el caso fuera ventilado en el TEPJF, y no se equivocaban: sabían a qué intereses responde éste.

Podría decirse que así como el TEPJF responde al gobierno de la República el TEDF responde al gobierno de la capital del país. Puede ser, no meto las manos al fuego por ninguno de los dos. Sin embargo, tanto el Instituto Electoral del Distrito Federal como el tribunal respectivo demostraron que los candidatos de Acción Nacional a esas delegaciones habían rebasado los gastos de campaña, e informaron el monto de esos excesos. Estas comprobaciones no sirvieron de nada.

Pero con los ejemplos citados no termina el papel subordinado, antidemocrático y mafioso del TEPJF. En la elección interna de la dirección del Partido de la Revolución Democrática (marzo de 2008) hubo dos corrientes principales en pugna: la lopezobradorista, encabezada por Alejandro Encinas, y la de Nueva Izquierda, conducida por Jesús Ortega. Hubo, como estaba previsto, anomalías y Nueva Izquierda (los chuchos) apeló al TEPJF, a pesar de que antes había sido duramente criticado por impedir que López Obrador asumiera la Presidencia de México. Fue, en mi opinión, un cálculo bien meditado: si el PAN y su gobierno estaban y están en contra de López Obrador, el tribunal les daría la razón a los chuchos. Y así fue. Otra mancha más para el tigre.

Un caso más fue el de Iztapalapa. Los de Nueva Izquierda, que habían dominado en esa delegación por varios años, perdieron en favor de Clara Brugada, apoyada por AMLO. La candidata de los chuchos (Silvia Oliva) recurrió al mismo tribunal que los había favorecido en la elección interna de su partido en 2008 y que había fallado en contra de López Obrador, y se armó un lío, pues las boletas ya estaban impresas. El TEPJF favoreció a Oliva y AMLO improvisó un giro al asunto comprometiendo a Rafael Acosta, candidato del PT, a que renunciaría después de tomar posesión como delegado. Mientras tanto, los lopezobradoristas explicarían a la gente, de puerta en puerta, que al votar por el PT estarían votando por Brugada. Como el desenlace no dependía ya del tribunal electoral federal, entonces fueron los otros aliados del PAN en el poder (los medios de comunicación de derecha) los que se encargaron de cultivar a Acosta (Juanito) para que se aferrara al puesto. La historia es bien conocida y por ahora tiene una solución de corto plazo, cuyo desenlace intuimos, aunque no lo sabemos con precisión.

El hecho que ha quedado al descubierto es clarísimo: el TEPJF está coludido con el PAN en el poder para evitar que AMLO y quienes lo apoyan acrecienten su influencia mediante cargos públicos por elección.

Así dicho parece que estoy personalizando, pero no. Lo que representa AMLO es un régimen político distinto al que ahora encabeza el PAN (con Fox y Calderón) y antes la tecnocracia priísta y neoliberal conducida (aunque también parezca personalización) por Carlos Salinas de Gortari, quien ya está moviendo sus piezas para 2012. Lo que ha estado en juego en 2006 y de rebote en las delegaciones defeñas en conflicto es la pugna entre dos regímenes políticos distintos.

Ya se sabe que los del poder siempre se unen, pragmáticamente, ante cualquier peligro que los amenace. Aun así, es conveniente entender que el máximo tribunal electoral, que también decidirá muchos conflictos en los próximos años, está su-bordinado a quienes tienen ese poder, forma parte de éste y sus magistrados están muy contentos de sus sueldos y de la impunidad que tienen al tomar decisiones (son inatacables). No cambiarán en los comicios por venir y devaluarán todavía más la vía electoral para arreglar los grandes problemas de México.
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¿Por qué no cae Micheletti?


Adolfo Sánchez Rebolledo
/ La Jornada
La crisis de Honduras ha probado, entre otras muchas cosas, la histórica debilidad del llamado "sistema interamericano" para hacer que los acuerdos se cumplan, cuando se trata de que un gobierno de la región modifique sus conductas. La apelación al diálogo, el empleo de los recursos propios de la política y la democracia, siendo los métodos justos y necesarios, no siempre logran modificar la conducta censurable de un gobierno cuando éste se atrinchera en sus posiciones. Tampoco las medidas extremas, como el embargo o el empleo de la fuerza militar, asegurarían resultados satisfactorios, si en el país no existiera una fuerza interna capaz de liderear la resistencia sin romper con las reglas del juego, es decir, dispuesta a negociar sin exclusiones para restituir el estado de derecho.

La paradoja de la situación hondureña es que el reconocimiento universal de la legitimidad presidencial de Manuel Zelaya va acompañado, a la vez, de una suerte de desconfianza en sus propósitos e intenciones que se filtra reforzando las posiciones renuentes de los golpistas. Sin embargo, a pesar de los temores del presidente costarricense y mediador, a quien le preocupa el posible aislamiento del gobierno de facto, no hay posibilidad de que la Honduras de Micheletti se convierta en una autárquica "Albania centroamericana" pues, por más oligárquico que sea el régimen, se halla unido al mundo por infinidad de vasos capilares que alimentan islotes de intereses vinculados entre sí y comulgan con las mismas ideas, aunque no sean tan torpes como los golpistas hondureños. Al fin y al cabo, el pequeño poder local necesita y se retroalimenta de la gran dominación imperial a la que suelen servir sin embozo sus grandes jefes políticos: los patrióticos de los militares, las camarillas empresariales y sus hombre de pro. Pero en este punto también hay cambios. Aunque no les guste a muchos, "moderados" y "populistas" van en el mismo barco, y eso, por ahora, cuenta.

En el pasado muy reciente –hasta la presidencia de Obama– la capacidad disuasiva de la OEA se sustentaba, además, en el supuesto de que, más allá de las declaraciones, el orden en Latinoamérica está condicionado a los vínculos nacionales de cada país con Estados Unidos, a quien correspondería la aplicación en útima instancia de las sanciones "colectivas" de mayor calado, pues nadie como ese país puede erigirse supervisor, vigilante y, a la postre, garante de la unidad del "sistema" democrático. En otras palabras: las medidas importantes se tomaban en el Departamento de Estado y nada más. En la crisis actual, el gobierno estadunidense decide jugar un papel distinto, condenando el golpe, exigiendo la restitución de Zelaya e, incluso, cancelando apoyos y visas para los miembros del entorno golpista, tratando de marcar las diferencias con el gobierno de Bush o sus antecesores. Y esto, a querer o no, también en un signo de los tiempos que ningún maniqueísmo alcanza a borrar. Pero el gobierno de Estados Unidos, que tiene sus propias presiones y antagonismos internos, y eso conviene no olvidarlo, también perfila un punto de vista propio acerca de la crisis y sus soluciones y con ese cristal observa los movimientos de los demás protagonistas.

Las críticas al retorno de Zelaya, realizadas por el representante estadunidense en la OEA, son significativas, sobre todo porque se dan en el contexto de una reunión donde Estados Unidos (junto con Canadá, Bahamas, Costa Rica y Perú) se abstiene de suscribir el proyecto de declaración en un punto especialmente importante: la posible legitimidad del gobierno que surja de las próximas elecciones, si se producen sin que el depuesto presidente Manuel Zelaya sea restituido. Cabe señalar que así como hubo un intento de blanquear la acción de los militares bajo el manto de las resoluciones judiciales, calificándolo de golpe atípico, constitucional, así se pretende establecer que no se viola principio alguno si de las elecciones convocadas por Micheletti para noviembre surgiera un gobierno democrático, reconocible por la comunidad internacional. Ésta es, en definitiva, la operación que estaba en curso cuando el retorno de Zelaya derrumbó el castillo de naipes que ya se había comenzado a construir.

En la reunión mencionada, Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Costa Rica y Perú se abstuvieron de determinar cuál será su posición sobre ese resultado electoral (según Infolatam, 28/9/09) mientras la mayoría de los demás miembros adelantaban su oposición a los resultados de un proceso electoral que se llevaría a cabo bajo el estado de sitio y las amenazas de Micheletti a Brasil y otros países, incluido México.

No sabemos por cuánto tiempo más se sostendrá el frente interno de la oligarquía hondureña en defensa de Micheletti, pero es seguro que tratarán de maniobrar hasta donde les sea posible para impedir que Zelaya vuelva a la presidencia. En todo caso, como ayer lo decía en estas páginas, el industrial Adolfo Facussé, la "salida" sería que Micheletti se fuera a casa y Zelaya a juicio, esto es, una salomónica solución oligárquica que no afectaría el status quo ni las relaciones de fuerza creadas por el golpe. Pero todo lo que sea no regresar a Zelaya a la presidencia será el mayor fracaso de la OEA, la democracia y el multilateralismo.
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Manuel Camacho Solís

Más allá de la decisión que cada quien tome (yo votaré por el PRD para fortalecer la gobernabilidad en el DF), es un error subestimar el impacto que pueda tener la protesta ciudadana que se aglutina en torno a la consigna de votar para anular.
No será determinante para el desenlace inmediato, pero en una situación tan efervescente y polarizada como la que se vive, no se puede descartar su potencial. Por lo pronto ha aglutinado a destacados líderes de opinión, jóvenes que se comunican entre sí y empieza a tener un efecto catalítico sobre la inconformidad social con el statu quo político.
Esta protesta ciudadana puede tener cuatro desenlaces después de la elección: diluirse; exacerbar el descontento; acelerar las respuestas autoritarias del régimen; o contribuir a oxigenar la vida política y reencauzar la inconformidad social por vías pacíficas y democráticas hacia 2012.
Puede diluirse. Hay movimientos que despiertan un gran interés, pero que tienen una corta duración. Si el porcentaje de anulaciones no crece, o si no se encauza el movimiento, la protesta habría sido inocua.

Puede exacerbar el descontento. En Argentina, antes de la crisis económica de 2001, ocurrieron dos hechos políticos fundamentales que habían debilitado a la autoridad: en las últimas elecciones intermedias creció significativamente el voto nulo y las movilizaciones populares de los piqueteros iban en un franco ascenso. Cuando la inconformidad salió a las calles, y se le intentó detener por la fuerza desde una autoridad ya debilitada, se derrumbó el gobierno de De la Rúa y se precipitaron varias crisis constitucionales hasta que, después de varios fracasos, el partido peronista logró, con Kirchner, estabilizar el gobierno.
Puede acelerar las respuestas autoritarias del gobierno. Entre mayor pueda ser la crisis de representación y legitimidad, y conforme creciera el temor de que se conecte con la violencia, mayor sería la probabilidad de un movimiento pendular que fuera del caos al autoritarismo.
Finalmente, la protesta puede ayudar a contener la descomposición, ensanchando los espacios de la política y la solución pacífica de los conflictos. Por más que duela reconocerlo, ante la muy baja capacidad de previsión de los líderes políticos del país, se ha necesitado de una presión externa para forzar las correcciones y las reformas. Para que la protesta del voto nulo pudiera colocarse en esa posibilidad, tendría que dar dos o tres pasos hacia adelante después de las elecciones.
¿Qué faltaría? Encauzar un movimiento que, en vez de mirar hacia adentro, diera la cara a la sociedad, para abrir una alternativa a los ciudadanos más conscientes que desean participar, pero están decepcionados e inconformes con el desenlace de la alternancia, el fracaso de la política de desarrollo, la inseguridad y los extremos de la desigualdad. Se requeriría de un aterrizaje: pasar del “no” a la impunidad y al burocratismo al “sí” de la alternativa, como propuesta y operación política.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista

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Voto nulo

Enrique Valdivia

En los medios y en varios sitios de la red nos encontramos una campaña por la cual el voto nulo exige tener una pertenencia en las elecciones de la naturaleza que le da origen: el rechazo a candidatos que no responden a las necesidades de las personas. En este punto hay algo interesante, sobre todo porque en algunos casos quien llama a este rechazo son grupos que vienen con una organización previa que ha logrado cohesionar a otros movimientos. Esos merecen un respeto porque trabajan bajo una premisa clara que es la movilización y la organización en contra del sistema neoliberal.

Hablar de un movimiento donde solo se tiene de referencia el odio que se puede justificar por las malas acciones de los “representantes populares”, deja fuera varios elementos, pero el más importante es tener la ingenuidad que el voto nulo hará cambiar la actitud de los políticos que han privatizado varios sectores del país y tienen un proyecto muy claro.


Pensar que el voto nulo debe de estar sostenido en el repudio solo a los políticos sería en un principio un generador de sentimientos adversos y que es posible que motive a gente que hasta este momento participa, que lo realice. En realidad la posición de estos políticos es por varios factores y entre ellos ha sido precisamente la nula participación política de las personas. Cuando llegamos a los momentos álgidos de procesos electorales muchos se quejan de los políticos. Pero que sucedió durante los tres años o seis años anteriores.

Qué sucede realmente ¿Por qué hemos llegado al punto donde se cuestiona el sistema electoral? Porque es muy poca la relación entre representante y representado. Esto tiene un origen y se llama sistema neoliberal, que haciendo uso de recursos otorgados a estas malas administraciones ha deformado la educación cívica de los ciudadanos. ¿A dónde nos llevó? A personas menos interesadas en las políticas públicas y con poca capacidad de organización.

Antes de pensar en el voto nulo, tendremos que rescatar algo con mucha mayor importancia que es el trabajo por la educación del ciudadano y la generación de participación no en el contexto de reproche ni de rechazo, sino en el compromiso de una transformación de cómo se hacen las cosas en este país. Para ello ya hay movimientos que a nivel nacional tienen un proyecto alternativo de nación y aunque a algunos les cueste reconocerlo, Andrés Manuel ha ido construyendo al lado de miles de personas a través del país un movimiento con propuestas muy claras: la transformación política del país.

Así mismo nos encontramos con la Otra Campaña, que ha dado una pelea férrea fuera de los reflectores y en varios frentes, pero que es momento también de dar una vitalidad a su movilización.

Y como estos ejemplos muchos más en nuestras localidades. La cuestión más indispensable para la dirección de un movimiento social no está basada en reproches. La situación de los partidos y políticos en la actualidad en parte somos responsables, por dejar durante mucho tiempo el voto como un cheque en blanco. Ahora el golpe nos llega de frente por una crisis económica anunciada desde hace tiempo y por una situación de inseguridad que deja muy mal parado al gobierno y a nosotros con una zozobra constante. La determinación que congregue a la gente a adherirse a un movimiento social debe estar fundamentada principalmente en contra de este sistema neoliberal y en tener clara la lucha de clases. La otra es el tiempo que tarde en madurar un amplio sector de la población que durante muchos años ha sido noqueada por los medios masivos de comunicación, que se ha quedado sin espacio en la educación pública y aquella que aun siente que la patria se representa en la selección nacional.

druidaenresistencia@gmail.com
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México, cuna del maíz, debe proteger sus especies nativas

martes 3 de marzo de 2009

Yunuhen Rangel Medina (CIMAC)

La República Mexicana amaneció cubierta de maíces nativos blancos, ella misma era una enorme mazorca, y en el extremo una leyenda (formada también de maíz), decía: Sin maíz no hay país.

Era un mapa de 4 mil 500 metros cuadrados que organizaciones campesinas, ambientalistas y de la sociedad civil hicieron ayer con 35 mil kilos de maíces nativos blancos para exigir al Gobierno federal la protección de esta riqueza biológica y cultural frente a la contaminación transgénica.

Estamos hechos de maíz, dice Greenpeace, la organización promotora de esta actividad, que se llevó a cabo en el marco del la reunión sobre responsabilidad y compensación del Protocolo de Cartagena, realizada esta semana con la asistencia de 150 delegadas y delegados de diversos países.

Formaron el mapa de México casi 300 personas, entre ciberactivistas, activistas y socios de Greenpeace e integrantes de otras organizaciones de la campaña Sin Maíz no hay País, quienes están convencidos de que son mujeres y hombres de maíz. Y que, cuando se trata de defender la soberanía alimentaria, salen a defenderla, diciendo: no queremos maíz transgénico en nuestro centro de origen.

En un comunicado de la organización ambientalista, también señalaron que “con esta magnífica imagen enviamos un NO rotundo a la introducción de maíz transgénico en nuestro país y exigimos al Gobierno mexicano no sea candil de la calle y oscuridad de su casa; es decir, que respete el Protocolo del que es signatario y no infrinja las leyes ambientales al permitir la contaminación de nuestros cultivos.

Por su parte, Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México, dijo que es “urgente que México, como cuna del maíz, se atenga al principio de precaución y establezca formalmente la prohibición a la siembra de maíz genéticamente modificado por ser el centro de origen”.

En conferencia de prensa, agregó que el maíz no puede quedar en monopolio, nuestra alimentación, la producción campesina es esencial para un país como México, donde 80 por ciento de la producción del grano está en manos campesinas, señaló.

Esta situación, explicó Aleira, ha vulnerado a campesinas y campesinos así como a consumidores de un modo “grave”, no solo es el daño ambiental sino los problemas socioeconómicos que sufren nuestros campesinos y campesinas.

“Este símbolo que tenemos aquí hecho con maíz, es una denuncia contra la gravedad en la siembra ilegal de maíces transgénicos y hasta el día de hoy el gobierno no ha hecho nada” denunció Miguel Colunga, del Frente Democrático Campesino de Chihuahua.

GDF declara protección de razas

Paralelamente, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) estableció una Declaratoria de Protección de las razas de maíz del Altiplano de México, cultivadas y producidas en suelo de conservación del Distrito Federal, lo que Greenpeace reconoció en un boletín como un anunció positivo.

Para la organización ambientalista, el documento publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal es una muestra del esfuerzo de la administración capitalina por proteger el cultivo de las razas de maíz y la agricultura ecológica y orgánica.

De esta forma compararon la contrastante acción del gobierno federal que lejos de promover acciones concretas a favor del grano, impulsa proyectos que responden a intereses extranjeros, pero afectan en gran medida al nuestro, dijeron.

Alerta sobre transgénicos

En el marco de la reunión del Protocolo de Cartagena que se lleva a cabo en la Ciudad de México, las organizaciones integradas en la campaña alentaron a las y los miembros reunidos en el Grupo de Trabajo de Responsabilidad y Compensación de Daños sobre la peligrosa situación el maíz en su centro de origen.

Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida, explicó que este Protocolo de Cartagena es la ley internacional que rige los transgénicos en el mundo, y queremos que ellos tomen una postura frente a esta grave situación, “la contaminación de la cuna del maíz es una responsabilidad no solo del gobierno sino del mundo entero”, consideró. Y exigió “Queremos la prohibición total del maíz transgénico”.

Las organizaciones campesinas señalaron que en Chihuahua se han encontrado tres variedades de “Monsanto” que han provocado escándalos de contaminación en varios países europeos en los que ya ha sido prohibido.

Por esta razón, exigieron que en esta reunión del Protocolo de Cartagena, se establezcan medidas de prevención y se remedien los casos de contaminación y daños provocados por los transgénicos y se finquen responsabilidades a las empresas que detentan estas variedades.

“Estaremos vigilantes ante el papel que juegue nuestro país en esta reunión y no quitaremos el dedo del renglón para proteger a nuestro país, a nuestro maíz y a nuestro campo” “Sin Maíz no Hay País”, dijo Lara.

Y solicitó a los miembros del Protocolo de Cartagena que analicen la trascendencia de este problema, “sabemos que ante una crisis mundial de orden ambiental, plagas o los cambios extremos del clima, la biodiversidad y la protección de los centros de origen son las herramientas para mantener la producción de alimentos para la humanidad.”

En este sentido, Adelita San Vicente opinó que el Gobierno violenta la Constitución al establecer disposiciones que permiten liberar transgénicos y eliminar el Régimen de Protección Especial del Maíz, ignorando con ello la opinión de mas de 500 mil mexicanas y mexicanos.

Greenpeace recuerda en un boletín, que en México está prohibida la siembra de transgénicos, de acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), pero el gobierno federal no ha logrado evitar su propagación, aseguran.

Mientras esto sucede, aseguró San Vicente, el gobierno federal acudió a Singapur invitado por las grandes empresas productoras de transgénicos en la que presentaron la propuesta “Compact” en la donde las compañías establecen “tramposamente” que serán ellas quienes determinen su grado de responsabilidad y la manera en que compensarán a los afectados.

San Vicente explicó que estas empresas son de Estados Unidos y por lo mismo no forman parte del Protocolo de Cartagena, pero nuestro país sí es firmante de este protocolo por lo que “exigimos una postura decidida de nuestro gobierno”

El daño a la diversidad genética no se compensa con dinero, señalo San Vicente, y no son estas empresas quienes deben decidir.

“No es cierto lo que dicen las empresas de estos productos que con la siembra de maíz transgénico van a incrementar los niveles de nutrición, por el contrario va a reducir la producción de maíz y vamos a depender de esas semilleras” añadió Miguel Colunga, del Frente Democrático Campesino de Chihuahua.

Lara advirtió, “No permitiremos que el Gobierno nos utilice como laboratorio experimental de estas grandes corporaciones que únicamente pretenden incrementar sus ganancias”

Informaron, que en Chihuahua, comunidades campesinas y prestigiados científicos mexicanos, ya confirmaron la contaminación transgénica de los campos de maíz, hecho que según ellos el propio gobierno ha reconocido.

“A pesar de esto, nos se han tomado las medidas necesarias para determinar la fuente de la contaminación y mucho menos revertirla, el gobierno no ha asumido su responsabilidad, por el contrario ha buscado legalizar lo ilegal y justificar el crimen”, afirmó Miguel Colunga.
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México: ¿Tú crees en los corruptos de la SCJN y del IFE?... Yo tampoco

martes 3 de marzo de 2009
Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. En México el cinismo y la corrupción del gobierno, de los empresarios, de la clase política, no han tenido nunca límites. Nuestro pueblo, muy ideologizado por la clase dominante, ha sido bien tolerante ante tal corrupción. No parece importarle que esos funcionarios cobren mensualmente más de 300 o 400 veces el salario de un trabajador. Mientras éste cobra 100 dólares al mes los altos políticos reciben 40 mil dólares libres.

2. ¿No es acaso una gran mentada de madre, un desafío, una forma de provocación a un pueblo explotado y miserable como el mexicano? Pero son tan cínicos los políticos priístas y panistas, tras los cuales van los perredistas, que les importan un bledo las muchas protestas que surgen. A los trabajadores les aumentan de cuatro a cinco por ciento sus salarios; los funcionarios se aprueban aumentos de 50 a 100 por ciento.


3. Pobrecito México con un pueblo muy sometido por un ideal individualista y una religiosidad que espera la justicia en el más allá. La batalla contra los medios de información que profundizan el consumismo y contra “el dejar hacer y dejar pasar” que no es otra cosa que el individualismo, debe ser muy intensa. La clase dominante, para mantener su dominación usa todos los medios para que el pueblo siga dormido.

4. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Federal Electoral (IFE) no han sido nunca independientes sino órganos al servicio del gobierno y de los partidos políticos mayoritarios. Los jueces y altos funcionarios que integran esas instituciones no son producto de comicios sino de arreglos entre el gobierno, los partidos y otros órganos de poder que los selecciones de acuerdo a sus intereses.

5. La SCJN es uno de los tres poderes de la República burguesa. Junto con los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, se encargan de mantener el dominio sobre la población. El Presidente de la República y los legisladores pasan por la formalidad electoral que los legitima, pero también ellos son producto de arreglos entre partidos donde la población nada tiene que ver. Durante 80 años la clase política se impone.

6. Además de contar la SCJN con ministros y jueces mejor pagados en el país, es decir, con los ingresos económicos y privilegios más grandes, de cada 100 juicios 99 favorecen a la burguesía empresarial y política. Es un organismo que consume un alto porcentaje del presupuesto público para actuar bajo las órdenes de los llamados “poderes fácticos”. Los jueces, de manera individual, representan intereses de grupo.

7. El IFE, creado con “bombo y platillo” en los años ochenta para vigilar y ser árbitro de los procesos electorales, se dijo que sería un órgano independiente del gobierno y de los empresarios. Sin embargo la realidad, parece que no pudo ser de otra manera, fue que los órganos de poder impusieron sus caprichos. Desde el primer grupo que dirigió al IFE pudo verse que cada consejero tenía a su partido y el IFE era un escalón.

8. El IFE fue un peldaño para los exconsejeros Creel, Horcasitas, Woldenberg, etcétera, etcétera, que de allí salieron o brincaron para hacerse altos funcionarios públicos. Con excepción de dos o tres consejeros, la amplia mayoría aprovechó el puesto para luego brincar a más altos cargos en la administración federal. ¿Se puede seguir pensando acaso que alguno de ellos ha actuado con independencia real?

9. ¿Cómo entonces creer en esos organismos (SCJN e IFE) ampliamente conocidos por sus resultados en beneficio de las clases dominantes? Desafortunadamente no faltan políticos maniqueos que cuando los resultados les benefician declaran que en México hay democracia, pero cuando los resultados les perjudican dicen lo contrario. La realidad es que esos aparatos solamente pueden servir a los amos que los pusieron.

10. ¿Puede acaso el pueblo tener esperanzas en organismos de poder con resultados archiconocidos en su contra? Es una prueba más de que en el sistema capitalista ningún organismo o institución puede actuar en beneficio del pueblo o tan siquiera mantener una conducta neutral. No pueden ser designados, electos por los legisladores o producto de comicios a propósito. Como sea siempre vendrán de acuerdos secretos.

11. La carencia de organizaciones sociales independientes y de un fuerte movimiento social en las calles hace posible que la clase en el poder o la llamada partidocracia, disponga (como le da la gana) de todas las medidas políticas. Puede incluso imponer plebiscitos o referéndum muy bien organizados y controlados donde el pueblo pueda legitimar los que la clase política quiere. Todo dependerá de nuestra fuerza de masas.

12. Las batallas de protesta del pueblo contra las acciones de gobierno, así como por la conquista de salarios y prestaciones o para que las instituciones se pongan a su servicio, están bien pero son muy limitadas. Incluso esas reformas que autoriza la burguesía llegan a ser tramposas y desviacionistas. Sólo deben servir como estrategias movilizadoras cuyo objetivo debería ser la politización o concientización del pueblo.

13. Las batallas contra instituciones profundamente corruptas e inservibles, como la SCJN y el IFE, deben extenderse pero no con la esperanza de que podrá integrarse en el futuro con jueces o funcionarios honestos. La limpieza y honradez no dependen de las personas sino de las estructuras económicas y políticas a las cuales responden. Por eso nuestras batallas no deben ser contra personas sino contra instituciones burguesas.

14. Ahora que se han iniciado las campañas políticas de los partidos para obtener votos que legitimen a los candidatos que escogieron a espaldas del pueblo, todos criticarán a las personas, a los malos funcionarios y a la corrupción, tal como se ha hecho durante siglos, pero nadie se atreverá a hablar contra el sistema económico y político opresor porque forman parte de él. Es mal consejo “patear el pesebre”.
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México: ¿dónde quedó?

martes 3 de marzo de 2009

Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)

Sabemos de antemano que ante los escándalos provocados por funcionarios que se auto designan sueldos insultante por estratosféricos, totalmente desproporcionados a la situación de pobreza de la mayoría de la población del país, no pasará nada.

También sabemos que en nada les impactará el que se traten estos temas en editoriales, artículos y columnas periodísticas; el cinismo es la respuesta, de ninguna manera renunciarán a estas abusivas y absurdas canonjías que les otorga la ley.

Respetado radioescucha y lector: leyó o oyó bien, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, los magistrados de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros ciudadanos tanto de los institutos Federal Electoral, IFE, y el Federal de –supuesto-, Acceso a la Información Publica, IFAI, así como los más de 2 mil 400 presidentes municipales se pueden otorgar el sueldo que se les de la gana, los cuales que llega a cifras impresionantes como el de los togados de la “Tremenda Corte” que alcanzan 72 millones de pesos anuales, más de 6 millones de pesos anuales por piocha, perdón por birrete.


Menos mal que los señores consejeros del Instituto Federal Electoral respondieron a la crítica generalizada y recularon en su intento de aumentarse desmesuradamente su salario; querían los ilustres miembros del IFE homologar su sueldo a los integrantes de “La Suprema”, algo más de 350 mil pesos, aparte de otras prestaciones a las que también “tienen derecho”.

La repulsa fue tan generalizada que, en este sólo caso, los consejeros electorales tuvieron que salir a anunciar que no aceptaran el incremento salarial que “no ellos” sino la Junta Ejecutiva del propio IFE les había autorizado.

En cambio, los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparte de que son los mejor pagados, sí se subieron su sueldo en un 5 por ciento, ahora ganan trescientos cuarenta y siete mil pesos mensuales que sumados a las demás prestaciones alcanzan los más de 6 millones de pesos anuales, más del triple de lo que percibe nominalmente el Presidente de la República.

Según el Poder Judicial de la Federación los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros de la Judicatura no percibirán ningún aumento en sus sueldos, sin embargo, al comparar los datos oficiales de 2008 y 2009 sobre salarios en el Poder Judicial, hay un incremento, precisamente el del 5 por ciento.

Ahora resulta que todo se debe a una confusión, pues el aumento general del 5 por ciento se registro en 2008, la cual jamás se reportó y mucho menos se hizo público, lo cual es aun más condenable ya que se incumplió con la ley de transparencia, que inclusive a los togados, los obliga a difundir todas sus percepciones.

En conclusión: ¿Dónde quedó aquella iniciativa de ley que no permitía que ningún funcionario ganara más que el Jefe del ejecutivo? Seguramente en la congeladora, porque de ser aprobada, seguro, que los togados de la “Tremenda Corte” o “La Suprema”, como se le conoce y a SCJN, la considerarían anticonstitucional. ¡Faltaba más!.
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México: Entre líneas

martes 3 de marzo de 2009

Laura M. López Murillo (especial para ARGENPRESS.info)

En algún lugar de la partidocracia, en el despacho del proselitismo y sobre el escritorio donde se confeccionan los discursos de campaña, existe un prontuario electoral válido para todos los candidatos: ahí se desglosan las promesas, se conjugan las ofensas en el pasado pluscuamperfecto y se indican los adjetivos aplicables para describir un porvenir irrealizable…

El proceso electoral 2009, que redefinirá la geografía del poder en México, inicia estigmatizado: la partidocracia se ha involucrado en un vulgar intercambio de insultos y el árbitro electoral carece de autoridad jurídica y moral para sancionar el proceso.

El estigma de la partidocracia se enfatiza por las asombrosas similitudes en las propuestas de los partidos políticos: salvo pequeñas variaciones, todos prometerán empleo, seguridad, educación, bienestar. Las promesas de campaña sólo se distinguirán por el tono de las arengas, porque también comparten el carácter difuso que las hace irrealizables. Y así, el proselitismo que viene, se escribirá con los tintes más agudos de la demagogia.

Otra similitud en las estrategias proselitistas de todos los partidos es la crisis global y galopante, como el contaminante que pulula entre las líneas del discurso. Por eso, la propaganda política desplegará los peores augurios y desencadenará amenazas inminentes para exacerbar el miedo ante un futuro incierto y sombrío. Incluso, Porfirio Muñoz Ledo ya pronostica una drástica ruptura del orden social en el 2010.

Sin embargo, frente a la parafernalia electorera y desmintiendo al discurso de la partidocracia, se erige una insufrible realidad: la desatención a sectores marginales, el rezago en la infraestructura educativa, la ineficiencia y deficiencia de las políticas públicas. Esos son los logros realmente alcanzados por la clase gobernante.

Pero la contundencia de esa realidad no figura entre las líneas del discurso partidista, porque yace en el lumpen de la indiferencia gubernamental, en los cinturones de miseria, en hospitales decrépitos, escuelas en ruinas, servicios deplorables, necesidades básicas insatisfechas.

Hoy por hoy, en la clase política se concentra el repudio social. Ningún partido alcanza el índice mínimo de confiabilidad pero el electorado deberá elegir entre ellos. La disyuntiva reside en legitimar a la partidocracia: cualquiera que sea el resultado en las urnas ratifica y justifica el sistema político actual, porque el abstencionismo no ha sido suficiente para expresar el rechazo del electorado; luego entonces, la única opción posible sería el voto nulo, porque en México no existe la opción del voto en blanco.

Sí!... el desencanto surge cuando el discurso mediático difunde un país irreal, cuando se distorsiona la realidad… y se promete un porvenir irrealizable…

Laura M. López Murillo es columnista local. Lic. en Contaduría por la UNAM. Con Maestría en Estudios Humanísticos Especializada en Literatura en el Itesm.
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